Día del Abogado: Alberdi, entre la genialidad y la locura

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Aumentos en las jubilaciones | lapoliticaonline.com

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Represión: arrestaron a otros once ex policías Días después de que terminara la feria judicial, los tribunales santarroseños se vieron sacudidos por una medida que no hace muchos años hubiera sido impensado que se tomara en La Pampa. El juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, ordenó la detención de once ex policías pampeanos en el marco de la causa denominada "Subzona 14 II" por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en la provincia. Los nombres más conocidos fueron los del médico Máximo Pérez Oneto y el del ex jefe de la Unidad Regional I, el ex comisario Luis Lucero. El expediente lleva el número 615/10 y allí se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la dictadura militar y que no fueron juzgados en 2010 cuando se condenó a nueve represores. Este lunes, Zabala imputó por esos hechos a veintidós ex oficiales del Ejército y de la Policía pampeana como autores mediatos o materiales de los secuestros y torturas cometidos por el grupo de tarea de la Subzona 14, la "patota" que actuó en La Pampa entre 1975 y 1983 y que fue la mano de obra de la puesta en práctica de la denominada "lucha contra la subversión". Detenciones. Como primera medida, Zabala ordenó la captura de once ex policías pampeanos que habían quedado señalados durante el juicio de haber participado de los secuestros y torturas, y que no eran parte de los mandos del grupo de tareas. El magistrado pidió a la Jefatura de Policía de la provincia que realizara las detenciones. Ayer a la mañana se montó un operativo "cerrojo" para arrestar a los acusados. Se reunió a varios jefes de comisarías y organismos internos -entre ellos las Seccionales Primera, Segunda y Tercera y la División Canes- para llevar adelante el procedimiento. Sobre el mediodía, los patrulleros marcharon a los domicilios de los sospechosos y allí fueron capturados. Los once fueron arrestados. Entre ellos figuraron el ex médico de la Policía, Máximo Pérez Oneto por "participación en torturas"; el ex jefe de la Unidad Regional I y ex funcionario municipal, Luis Lucero -secuestro-; Miguel Gauna -secuestro y tortura-; Juan Domingo Gatica -secuestro-; Oscar "Miseria" López -secuestro y tortura-; Rubén René "Chaleco" Giménez -secuestro y tortura-; Eduardo Velásquez -tortura-; Orlando Pérez -secuestro-; Miguel Ochoa -secuestro y tortura-; Rubén Benavídez -torturas- y Jorge Quinteros. Siete fueron ingresados a la Unidad Penal 4, donde ya hay siete represores alojados, y otros cuatro trasladados a la Alcaidía. A declarar. La mayoría de los veintidós imputados deberá comenzar a desfilar a partir de hoy por los tribunales federales de la avenida Roca para que se les tome declaración indagatoria. Los primeros convocados serán los represores condenados en el juicio de 2010. En su mayoría están hoy detenidos en la Unidad Penal 4, si bien dos de ellos fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. En la jornada de hoy se presentará el ex coronel Omar Greppi, mañana Roberto Oscar Fiorucci y el viernes Néstor Cenizo. El martes 7 de agosto lo hará Oscar Yorio, el miércoles 8 Hugo Marenchino, el jueves 9 Athos Reta y el viernes 10 Omar Aguilera. En la semana siguiente, Carlos Reinhart fue convocado para el martes 14 y después seguirán los que fueron detenidos ayer. Los otros tres. Hay otros ex oficiales del Ejército que también están imputados, pero están en una situación distinta. Uno es el ex jefe militar de La Pampa y de la Subzona 14 entre 1975 y 1979, el ex coronel Fabio Iriart, que se encuentra con detención domiciliaria en Buenos Aires a raíz de su estado de salud. Durante el juicio de 2010, no fue juzgado por el Tribunal Oral Federal ya que no podía ser trasladado a La Pampa, según determinaron los médicos judiciales. Podría ser indagado en su domicilio. Los médicos han determinado que está en condiciones psíquicas de prestar declaración, pero falta aún el dictamen clínico. El otro es el ex teniente coronel Carlos Alfredo Sabbatini, segundo jefe del Destacamento de Toay entre 1974 y 1977. El ex oficial fue detenido a comienzos de julio pasado por la Policía de Seguridad Aeronáutica y está con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Es investigado actualmente por la Justicia Federal santarroseña sospechado de haber participado en la apropiación de una beba en esta capital en septiembre de 1976. En este caso, los funcionarios judiciales esperan también los exámenes médicos para pedir su traslado o, de lo contrario, tomarle declaración en Buenos Aires. El tercero es el ex coronel Luis Enrique Baraldini, prófugo de la justicia entre 2003 y 2010 y hoy preso en la Unidad Penal 4 tras ser capturado en Bolivia. Baraldini fue jefe de la Sección de Inteligencia del Ejército en La Pampa entre 1974 y 1976, y luego jefe de la Policía de la Provincia. El represor ya fue indagado por los hechos que se investigan en la causa Subzona 14 II. Los que quedaron afuera En su momento, la fiscal federal Marta Odasso pidió en su requerimiento de instrucción que se investigara por delitos de lesa humanidad en esta segunda parte de la causa de la Subzona 14 a 35 ex oficiales del Ejército y de la Policía provincial. Con la incorporación de nuevos testimonios de víctimas, hubo otros militares y policías que actuaron durante la dictadura que también fueron investigados. El lunes, Zabala determinó los veintidós imputados, pero también separó, por ahora, de la investigación, a quienes consideró con falta de mérito. Esto significa que no hay suficientes motivos para acusarlos, aunque esto no implica que si aparecen las pruebas puedan quedar imputados y ser detenidos. El nombre más notorio de los que quedaron "afuera" de la causa es el del ex jefe de Policía durante el marinismo, José Daniel Alberdi. Estaba acusado de participar de el secuestro en 1977 de personas acusadas de ser "prestamistas", un delito que era considerado como "subversión económica". Otros que fueron rechazados por Zabala fueron los casos de Enrique Pereyra, Carmelo Carnovale, Humberto Riffaldi -ex jefe de la D2, la Sección de Inteligencia de la Policía-; Mario Balduini -ex jefe de la fuerza-, Ignacio Sosa; tres militares como el coronel Carlos Leal; cuatro penitenciarios y hasta civiles como Carlos Inurrigarro, ex intendente de Catriló. Además, de los 35 hay varios que están ya fallecidos. Una comparación con otros casos Los casos por los que son acusados suman cerca de trescientos, todos ellos víctimas de la represión ilegal. Los números tanto de implicados como de personas que sufrieron tormentos y cárcel, dan cuenta de la escrupulosidad con que los funcionarios judiciales pampeanos llevaron adelante la causa. Estas actuaciones sólo se pueden llegar a comparar con juicios y causas que son llevadas adelante en grandes centros urbanos, como Bahía Blanca, donde oficiales de las Fuerzas Armadas son juzgados por decenas de desapariciones.- Fuente Diario La arena.-